No es por la vía represiva de los débiles que se resolverán
los males y desventuras de una sociedad empobrecida
“El gobierno de la provincia, quiere aprobar un nuevo Código Contravencional que restringe las libertades de los ciudadanos, criminaliza tanto la pobreza como la protesta social, acercándonos a los modos y normas de la dictadura, lo que resulta un evidente retroceso en torno a las libertades públicas recuperadas, además de una nueva muestra de un Gobierno que se hace el distraído en nombre del "combate a la inseguridad", y haciendo a un lado lo que todos sabemos y está comprobado: inclusión social, trabajo digno, educación, salud, vivienda son compromisos indelegables y siguen siendo asignaturas pendientes” dijo la diputada provincial Ana de Otazua (GEN) consultada a propósito de la anunciada intención del Gobernador de reanimar el tratamiento del mismo.
“Está claro que el proyecto de nuevo Código Contravencional no es inofensivo; lejos de ello, afecta a no pocos de los considerados pilares del estado de derecho. Y tiene, además, destinatarios que vuelven a ser los sectores más vulnerables de la sociedad empobrecida. Sólo así puede entenderse que sin eufemismos, la mendicidad o el acecho de quienes solicitan limosnas o dan algún tipo de servicio ambulante, como los limpia vidrios, por caso, sean los pasibles de las sanciones que contempla, del mismo modo que se apunta al reclamo social” afirmó De Otazua. Recordó que “se ha señalado que el proyecto contempla figuras más gravosas, más restrictivas de las garantías constitucionales que Código Contravencional, que fuera sancionado en pleno gobierno de facto” aludiendo a algunas circunstancias propuestas como las de “reprimir al desempleado o al que pide en la vía pública” lo que para la legisladora chascomunense “constituye un desconocimiento sino un nuevo desentendimiento de la realidad socio – económica, de las consecuencias de políticas de exclusión, y una suerte de fantasía demagógica la pretensión de considerar políticas destinadas a combatir la inseguridad, la represión a quien procure su sustento en las calles”. “Estamos en presencia de una norma que determina la criminalización de la pobreza, ya que no sólo propicia acciones como las expuestas, sino que estipula que en caso de incumplimiento en el pago de una multa ésta pueda transformarse en arresto” aseguró para manifestar luego que “como la que la acción que configura la falta no se determina con precisión, queda a discreción de la autoridad policial establecer cuándo una conducta resulta abarcada por la contravención”. Dio un ejemplo: “Figuras como el merodeo – aunque ahora se pretenda atenuado por determinar que debe ser previa denuncia o requerimiento- la mendicidad y otras sanciones que contempla, han de habilitar a mayores facultades represivas con aumento del arbitrio policial”. De Otazua, dijo que “al quedar legitimada la discrecionalidad hará que la autoridad policial pueda incriminar a aquellas personas que considere “peligrosas” con independencia de su conducta, justificando su decisión en la vaguedad de la norma. No está demás señalar que ya – sin código modificado – se han distendido los controles del comportamiento policial” agregó. La legisladora del GEN que desde este periodo preside la comisión de Políticas Sociales, afirmó una vez más que “no es el camino en el que el Gobierno provincial reincide sistemáticamente, el que permitirá avisorar tiempos mejores. No es por la vía represiva de los que sabe más débiles que alguna vez se resolverán los males y desventuras de una sociedad empobrecida. Hombres y mujeres que sobreviven como pueden, no pueden volverse sospechosos en razón de su pobreza. Imaginar las soluciones con un Código Contravencional a contramano de la Constitución y los principios básicos del Estado de Derecho pone en evidencia la defección del Gobierno que en lugar de resolver los problemas de la Sociedad, se empeña en poner a la sociedad en problemas”.
